El expediente electrónico, próximo a ser Ley Nacional

El 30 de marzo 2011 entró en el Senado de la Nación el Expediente Número 19/11 con origen en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Comunicación Electrónica Judicial, que, recibiera media sanción de dicha Cámara el pasado 16 de marzo 2011 (Expte. 10019-D-2010) y el 4 de abril tuvo radicación en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara Alta, la que citó un mes después -a través de su Presidente, la Senadora Sonia Escudero- a reunión plenaria con el fin de que expusieran expertos en la materia.-

 

A dicha sesión concurrió el presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Mario Fera, consideró que se trata de "un avance revolucionario", mientras que la titular de la Cámara Nacional de Casación Penal, Dra. Ángela Ledesma, señaló que "no sólo hay una economía de tiempo sino de papel". También participaron de la reunión el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Dr. Luís María Cabral, el coordinador de la Comisión Nacional de Gestión Judicial, Dr. Eduardo Parody, el director de Tecnología del Consejo, Dr. Gabriel Melhman y el juez de Primera Instancia en lo Civil número 1 de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Caramelo Díaz, así como el suscripto, quien lo hizo como presidente de la Comisión de Derecho de Alta Tecnología del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, coincidiendo todos en la conveniencia de igualar funcionalmente al papel el formato electrónico en ámbitos judiciales y que "los tiempos de dilatar la informatización del poder judicial se han acabado, dado que es momento de avanzar con la despapelización de la disciplina".-

 

Se trata del primer paso en el tratamiento del proyecto ya aprobado por la Cámara Diputados y que otorga a los "expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas digitales y electrónicas, comunicaciones electrónicas, y domicilios constituidos" la misma "eficacia jurídica y valor probatorio" que el soporte papel y está en consonancia con el plan estratégico de Modernización de la Justicia que ha encarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es, sin dudas, una proyección ambiciosa, pero a la vez realista, encaminada a transformar en los próximos años el servicio público de justicia, y que debe convertirse en uno de los objetivos a muy corto plazo del Colegio de Abogados por la responsabilidad que nos cabe como colaboradores de la Justicia.-

 

La tecnología es una poderosa herramienta para la labor judicial cuando es diseñada en función de las necesidades de ésta y capacitados los actores en su mejor utilización. Cumplidas tales condiciones, los medios tecnológicos simplifican el acceso a la información, la elaboración de modelos para la tramitación de los casos, y su ordenación según criterios uniformes. Todo lo cual contribuye a la buena gestión evitando tareas repetitivas, duplicaciones y superposiciones, y optimizando los tiempos. Todos pueden entonces trabajar menos y mejor, hay más tiempo para la labor intelectual, la resolución y la inmediación y así se hace más y mejor Justicia individual en los casos individuales.-

 

Una Justicia moderna es, necesariamente, una Justicia tecnológicamente avanzada. El impacto de esas nuevas tecnologías ha sido y es tal, que ya podemos hablar del fin de la sociedad industrial y el comienzo de la sociedad tecnológica de la información, donde la informática, Internet y sus variantes corporativas -intranets y extranets-, la prensa electrónica interactiva, videoconferencia, trabajo, consultas y educación a distancia -entre otros- gobernarán a la sociedad mundial toda; tanto desde lo económico y social, cuanto de lo político; sea nacional, continental o universal.-

 

Si se piensa que hasta no hace mucho el último avance tecnológico incorporado a la Justicia lo constituía la máquina de escribir eléctrica, cabe entonces aclarar que la introducción de la informática al ámbito judicial resulta de innegable utilidad, empero, si bien útil, aisladamente considerada es insuficiente, puesto que se pierde de vista el contexto en que esa nueva tecnología debe operarse.-

 

La Justicia Argentina se encuentra transitando un proceso de cambio que, como sucede en el contexto global, no tiene fin: en tanto las necesidades cambian, se diversifican y crecen, cada organización ha de darles respuesta renovando sus herramientas y técnicas para cumplir mejor sus objetivos.-

 

No puede quedar al margen de tan avasallante realidad, y por ello, proyectos como el comentado facilitan:

 

a. Que los tribunales puedan trabajar en red y comunicarse entre sí mediante la creación y desarrollo de un esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad que permita el funcionamiento integrado y conjunto de las distintas aplicaciones informáticas al servicio de la Administración de Justicia y de este modo la interoperabilidad entre órganos judiciales (aunque empleen sistemas de gestión procesal diferentes según las provincias) y la interoperabilidad externa con otras administraciones como, por ejemplo, los Registros, Fuerzas de Seguridad, etc.-

 

b. El objetivo de despapelización previsto en la Ley 25.506 –en cuya redacción me tocó intervenir al integrar su Comisión Redactora en el año 2000- en nuestro juzgados y tribunales a través de:

 

i. Despliegue completo del sistema seguro de intercambio de documentos que permita que todas las comunicaciones procesales se realicen por vía electrónica eliminando el sistema de notificaciones por cédula o pedidos de informes por oficios a organismos informatizados.-

 

ii. Desarrollo de una plataforma de Firma Digital propia de la Administración de Justicia para dar seguridad de los documentos y confirmar su autoría.-

 

iii. Creación del Colegio Público de Abogados como Autoridad de Registro para la creación de la firma digital de los matriculados

 

iv. Incremento de la aplicación de las nuevas tecnologías en diversas áreas del sistema de administración de Justicia, como es el incremento de los medios de grabación audiovisual y videoconferencia en las audiencias y mejora de la gestión del almacenamiento de las piezas de convicción

 

v. Mejoramiento de los sitios o portales Web de la Justicia, en el que, además de publicar información de utilidad para el ciudadano, se presten servicios como petición de citas para evitar colas, conocimiento del estado de la tramitación de un asunto o descarga de certificados (nacimiento, matrimonio, nacionalidad, etc.) con certificado digital. Ello sin perjuicio del site de la Administración de Justicia para los profesionales en el que se disponga de información actualizada sobre asuntos, vistas, repartos y estado de los procesos, así como de servicios de notificación y presentación de escritos de manera telemática.-

 

De sancionarse el proyecto analizado considero que habremos cumplido con una de las asignaturas pendientes que pesan –sobre todos nosotros- en la obligación del mejoramiento del servicio de Justicia.-